La verdad, es que no lo sé, como creo que tampoco lo sabemos la inmensa
mayoría de los españoles por desconocimiento de nuestra historia como país.
Muchas de las personas que me lean, pensarán que el confundido soy yo. Tal vez
sea así, pero los vaivenes políticos de los que nos gobiernan desde hace años,
nos han confundido de tal manera que no sabemos si lo mejor es una República
parlamentaria o una Monarquía parlamentaria como la que tenemos, en cuyos dos
casos, semejantes en cuanto al jefe del Estado, este depende de las decisiones
del parlamento y del Presidente del Gobierno, ya que su figura es meramente
simbólica aunque ostente la más alta representación de la nación en las
relaciones internacionales, o sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Una vez expuesto todo lo anterior, es el momento de explicar qué es lo que
pasa en España. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo mejor para
nuestro país?
A lo largo de la historia moderna española venimos de una tradición
profundamente monárquica y con dos experiencias republicanas a cual más
complicada y dignas de ser olvidadas, pero que debo mencionar para que no se
nos olvide a los españoles y tengamos las cosas claras dada la división de
opiniones existente, y por ello me remito a lo que nos dice el abogado
Francisco Correa en su artículo Monarquía-vs-República de fecha 12/06/2019:
Primera República Española
La primera experiencia republicana no tuvo mucho éxito y fue más bien
traumática su breve existencia. Experiencia corta, caracterizada por la
inestabilidad política. Cuatro presidentes del Poder Ejecutivo en once meses,
un golpe de estado que instauró una República unitaria bajo una dictadura, tras
conflictos armados simultáneos (guerra carlista, revuelta cantonal y Guerra de
los Diez años cubanos).
La Primera República se enmarca en el Sexenio Democrático, que comienza con
la Revolución de 1868, que dio paso al reinado de Amadeo de Saboya, al que
siguió la república, y termina con el pronunciamiento de Martínez Campos en
Sagunto.
Esta República configuró, en su Constitución, que “la forma de gobierno de
la Nación española es la República democrática federal”. Es más, en la propia
Constitución se citaban cuáles serían los Estados que formarían la federación:
“Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja,
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja,
Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia,
Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o
modificarlas, según sus necesidades territoriales”. De igual manera se
establecía que estos Estados tendrían una «completa autonomía
económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la
existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución
política».
Paradójica creación de un Estado federal muy “sui generis” partiendo de
cero, en el que no se produce una unión de Estados soberanos a una federación,
sino que un ente territorial único decide subdividirse en Estados con cierta
atribución de soberanía “en barbecho”, ya que se les dejaba a su albur él crear
una propia Constitución. El caldo de cultivo de los conflictos estaba servido. Tal
indefinición llevó a que provincias o ciudades decidiesen transformarse en
Repúblicas, y que aquellas regiones presupuestadas como “focos federales” no
estallasen con forma de Estados autónomos sino como una constelación de
“Cantones” independientes. Y lo que sí que “estalló” fue las guerras entre
estos cantones que, junto a la Tercera Guerra Carlista y a la proclamación del
Estado Catalán, sumió a la incipiente República española en un caos y en la
anarquía.
Pese a la contundencia de la respuesta del gobierno federal, la experiencia
republicana federal terminó con un golpe de estado, el establecimiento de una
República unitaria y posteriormente en una dictadura, que llevó a que pocos
meses después se decidiese restaurar la monarquía en la dinastía de los
Borbones.
Quizás la primera experiencia republicana pecó de ser muy ambiciosa y
adelantada a su tiempo. España no estaba preparada para tal nivel de
descentralización política. Quizás hoy en día pudiese llegar a funcionar, o
quizás no.
Segunda República española
La Segunda República Española fue el régimen democrático que existió en
España entre el 14 de abril de 1931, fecha en que fue proclamada, en
sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del
final de la Guerra Civil, que dio paso a la Dictadura franquista.
La proclamación de la República devino tras unas elecciones municipales en
las que se produjo la victoria de los partidos monárquicos, si bien los
partidos republicanos ganaron en las grandes ciudades y los núcleos urbanos.
Ello fue el caldo de cultivo para que el por entonces Rey de España, y ante “la
pérdida de amor de su pueblo”, tomase la decisión de suspender deliberadamente
el ejercicio del Poder Real y se apartase de España rumbo al exilio. En esas
condiciones de vacío en la jefatura del Estado, se proclamó la II República por
aclamación popular.
Desde el punto de vista constitucional, la Constitución republicana supuso
un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos, amplió el sufragio,
activo y pasivo a ambos sexos y residenció el poder legislativo en el pueblo,
que era ejercido a través de un Órgano unicameral que recibió el nombre de
Cortes o Congreso de los Diputados, estableciéndose, por primera y última vez
en la historia, la bandera tricolor como símbolo del nuevo Estado.
Respecto a la cuestión territorial, la Constitución de la República de 1931
articuló un tipo de Estado nuevo con relación a los dos modelos anteriores. Se
abandonó el centralismo del Estado liberal, pero tampoco se optó por la
solución federal de la Constitución (o proyecto constitucional) de la primera
República en 1873. Digamos que se escogió una “tercera” vía: el Estado
integral.
La Fundamentación de la organización territorial de tal diseño se basaba en
que se partía de los municipios, que podían mancomunarse en provincias, y éstas
a su vez podían organizarse en regiones autónomas. Se creaba la figura de la
“región autónoma”, que se fundaría cuando varias provincias limítrofes
decidiesen crearla. Se la dotaría de un “Estatuto”, a modo de “Constitución”,
así como de un gobierno y parlamento propios. Se exigía una triple condición:
propuesto por la mayoría de los ayuntamientos, aprobado en referéndum y
aprobación por las Cortes de la República. Se prohibía la federación de las
regiones autónomas. Para los casos de conflictos sobre competencias, se creó el
tribunal de garantías constitucionales.
En estas condiciones solo se aprobó el Estatuto de Cataluña, aunque en el
País Vasco se redactó un proyecto de Estatuto que fue rechazado por el
Parlamento, si bien terminó siendo aprobado en octubre de 1936, en los inicios
de la guerra civil. En Galicia, se llegó a celebrar un referéndum pero no llegó
siquiera a ser debatido en las Cortes.
Más allá de la cuestión territorial, lo que causó que el Segundo proyecto
Republicano tampoco llegase a cuajar fue, a mi modo de ver, la propia
concepción de la República española, que muchos la entendieron como una
sucursal del comunismo que ya empezaba a triunfar en Rusia y los países de su
órbita. Y es que, el propio artículo 1 ya decía que “España es una República de
trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y de
Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. (…) La bandera de
la República española es roja, amarilla y morada”. Todo ello, unido a los
disturbios y al anticlericalismo reinante, fueron el caldo de cultivo para que
se produjese el estallido de la Guerra civil y en comienzo del fin de la
aventura republicana en España.
La España Post-Dictadura de Franco
La Transición española es el período de la historia contemporánea de España
en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen
dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una Constitución
que restauraba la España democrática. Dicha fase constituye la primera etapa
del reinado de Juan Carlos I.
En ese hecho reside una de las cuestiones más polémicas y que fundamentan
muchas de las voces partidarias de una nueva República española: la
monarquía española actual tiene su fundación en el Régimen Franquista,
aunque, como sabemos, en nuestra Constitución y formas de gobierno, se han
mantenido algunas de las características que se llevaron a cabo durante la II
República: las Comunidades Autónomas, dotadas cada una de unos estatutos y con
un gobierno y parlamento propio, dando paso a un Estado moderno, democrático,
integrado en las Organizaciones internacionales más relevantes, con
preeminencia en la Unión Europea y con una Sociedad madura y adaptada a su
tiempo.
Sin embargo, en el primer decenio del presente
siglo, entró en vigor una legislación, que con el loable fin de reconocer los
efectos y daños creados por la fratricida guerra civil, así como con el no tan
loable ánimo de borrar una parte de la historia española, legislación conocida
como “Ley de Memoria Histórica”. Amparándose en dicha ley, una parte del
espectro político está pretendiendo revivir viejos fantasmas y sacar a colación
rencillas y “facturas” que se dieron por zanjadas en el periodo de transición
democrática. Esos mismos nostálgicos son los que en la actualidad propugnan y
promueven la celebración de un referéndum para consultar al pueblo sobre la
“legitimidad” del modelo de Estado actual y si lo que procede es la
instauración de una República en España.
A todos no nos es extraño ni ajeno que, con el
panorama político español actual, no es el momento más propicio para “abrir
estos melones” por las consecuencias imprevisibles que tal medida pudiera llegar
a causar. Y es que el ambiente que se respira en la actualidad, lejos de ser
tranquilo, viene a rememorar olvidadas cuentas, con ánimos revanchistas y
encarnizadas luchas sobre lo que fue y lo que pudo ser.
Llegados a este punto, considero conveniente que
aquellos que defienden tales posturas deberían aclarar y explicar al pueblo cuáles
son sus intenciones, cuáles son las consecuencias de tal cambio y que tipo de
República sería la que se tendría que instaurar en España: si la Republica
Socialista asimétrica anterior al enfrentamiento civil o una República moderna
a imagen y semejanza de las que nos rodean. Y es que la cuestión no es baladí, ya que de elegir una u otra las consecuencias y el futuro sería muy distinto.
Conclusión:
En mi opinión personal, y basándome en el Derecho
comparado, en las posibles alternativas que pudieran ser elegidas y en la
experiencia previa, instaurar una República en España no distaría mucho del
modelo de Estado que tenemos en la actualidad, más allá de poder elegir la
figura del Jefe del Estado cada “X” años. Y es que, mucho se habla de modelos
federales, de asimetría y de los parabienes que tendría volver a ser una
República en España. Sin embargo, el modelo de Estado actual no dista mucho de
aquel que sería el elegido, por los siguientes motivos:
La República española sería una república similar
a la República Italiana o a la República Federal Alemana, donde el Jefe de
Estado no deja de ser una figura testimonial, figurativa y sin poder. Estaría
muy lejos de ser una República presidencialista al estilo de los Estados Unidos
o de la República Francesa.
La República española sería un Estado unitario,
integral o centralista, con una descentralización administrativa muy similar o
igual que la que tenemos en la actualidad, por muy federal o federativa que nos
la quisieran vender. Y es que en la actualidad, el Estado español es uno de los
Estados más descentralizados que existen en la actualidad. Algunas de las
Comunidades Autónomas disfrutan de más competencias que los Landers alemanes o
que las Regiones italianas.
El Estado Español es, de hecho, un Estado federal
sin serlo. Y eso es así porque las regiones o Comunidades Autónomas no tienen
la consideración de Estados federados pero se parecen mucho. Una de las
características de los Estados federales es que se produce una unión de Estados
que previamente han sido independientes y que esos Estados, una vez se produce
la unión al Estado federal, ya forman un todo indisoluble y unitario.
Otra de las bondades del modelo republicano que se
nos intenta vender es la “asimetría” entre las regiones o Estados federados. Si
nos vamos a la actual Constitución española, ya nos está diseñando un modelo de
Estado federal asimétrico (muy sui generis) cuando nos habla de “Nacionalidades
y Regiones”. Y es que, en ese diseño inicial, con tal diferenciación se nos
está plasmando en la norma fundamental la diferenciación entre los territorios
que forman parte del Estado español. El problema, y de ahí vienen los problemas
de secesionismos actuales, es que cuando se vino a desarrollar tal asimetría, y
con el único fin de contentar al resto de las Regiones que no eran consideradas
nacionalidades, se les dio la posibilidad de alcanzar el máximo techo
competencial con aquello del “café para todos”. Tan inocente y tan
desafortunada frase sirve de base para las demandas de mayor autogobierno de
las Comunidades Autónomas más ávidas de protagonismo, de creerse más que los
demás o de tener algún que otro “hecho diferencial” que las dote de un plus a
la hora de ser y de pedir.
Por estos, y por otros motivos que por brevedad
prefiero no entrar a valorar, es por lo que considero que no es el momento
histórico adecuado para plantear tales aventuras y que es mejor dejar las cosas
como están, emulando el dicho aquel de: "Virgencita, que me quede como estoy".
