HACIA DONDE VAMOS EN ESPAÑA ACTUALMENTE



La verdad, es que no lo sé, como creo que tampoco lo sabemos la inmensa mayoría de los españoles por desconocimiento de nuestra historia como país. Muchas de las personas que me lean, pensarán que el confundido soy yo. Tal vez sea así, pero los vaivenes políticos de los que nos gobiernan desde hace años, nos han confundido de tal manera que no sabemos si lo mejor es una República parlamentaria o una Monarquía parlamentaria como la que tenemos, en cuyos dos casos, semejantes en cuanto al jefe del Estado, este depende de las decisiones del parlamento y del Presidente del Gobierno, ya que su figura es meramente simbólica aunque ostente la más alta representación de la nación en las relaciones internacionales, o sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Una vez expuesto todo lo anterior, es el momento de explicar qué es lo que pasa en España. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo mejor para nuestro país?
A lo largo de la historia moderna española venimos de una tradición profundamente monárquica y con dos experiencias republicanas a cual más complicada y dignas de ser olvidadas, pero que debo mencionar para que no se nos olvide a los españoles y tengamos las cosas claras dada la división de opiniones existente, y por ello me remito a lo que nos dice el abogado Francisco Correa en su artículo Monarquía-vs-República de fecha 12/06/2019:

Primera República Española

La primera experiencia republicana no tuvo mucho éxito y fue más bien traumática su breve existencia. Experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. Cuatro presidentes del Poder Ejecutivo en once meses, un golpe de estado que instauró una República unitaria bajo una dictadura, tras conflictos armados simultáneos (guerra carlista, revuelta cantonal y Guerra de los Diez años cubanos).
La Primera República se enmarca en el Sexenio Democrático, que comienza con la Revolución de 1868, que dio paso al reinado de Amadeo de Saboya, al que siguió la república, y termina con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto.
Esta República configuró, en su Constitución, que “la forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal”. Es más, en la propia Constitución se citaban cuáles serían los Estados que formarían la federación: “Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales”. De igual manera se establecía que estos Estados tendrían una «completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución política».
Paradójica creación de un Estado federal muy “sui generis” partiendo de cero, en el que no se produce una unión de Estados soberanos a una federación, sino que un ente territorial único decide subdividirse en Estados con cierta atribución de soberanía “en barbecho”, ya que se les dejaba a su albur él crear una propia Constitución. El caldo de cultivo de los conflictos estaba servido. Tal indefinición llevó a que provincias o ciudades decidiesen transformarse en Repúblicas, y que aquellas regiones presupuestadas como “focos federales” no estallasen con forma de Estados autónomos sino como una constelación de “Cantones” independientes. Y lo que sí que “estalló” fue las guerras entre estos cantones que, junto a la Tercera Guerra Carlista y a la proclamación del Estado Catalán, sumió a la incipiente República española en un caos y en la anarquía.
Pese a la contundencia de la respuesta del gobierno federal, la experiencia republicana federal terminó con un golpe de estado, el establecimiento de una República unitaria y posteriormente en una dictadura, que llevó a que pocos meses después se decidiese restaurar la monarquía en la dinastía de los Borbones.
Quizás la primera experiencia republicana pecó de ser muy ambiciosa y adelantada a su tiempo. España no estaba preparada para tal nivel de descentralización política. Quizás hoy en día pudiese llegar a funcionar, o quizás no.

Segunda República española

La Segunda República Española fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha en que fue proclamada, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, que dio paso a la Dictadura franquista.
La proclamación de la República devino tras unas elecciones municipales en las que se produjo la victoria de los partidos monárquicos, si bien los partidos republicanos ganaron en las grandes ciudades y los núcleos urbanos. Ello fue el caldo de cultivo para que el por entonces Rey de España, y ante “la pérdida de amor de su pueblo”, tomase la decisión de suspender deliberadamente el ejercicio del Poder Real y se apartase de España rumbo al exilio. En esas condiciones de vacío en la jefatura del Estado, se proclamó la II República por aclamación popular.
Desde el punto de vista constitucional, la Constitución republicana supuso un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos, amplió el sufragio, activo y pasivo a ambos sexos y residenció el poder legislativo en el pueblo, que era ejercido a través de un Órgano unicameral que recibió el nombre de Cortes o Congreso de los Diputados, estableciéndose, por primera y última vez en la historia, la bandera tricolor como símbolo del nuevo Estado.
Respecto a la cuestión territorial, la Constitución de la República de 1931 articuló un tipo de Estado nuevo con relación a los dos modelos anteriores. Se abandonó el centralismo del Estado liberal, pero tampoco se optó por la solución federal de la Constitución (o proyecto constitucional) de la primera República en 1873. Digamos que se escogió una “tercera” vía: el Estado integral.
La Fundamentación de la organización territorial de tal diseño se basaba en que se partía de los municipios, que podían mancomunarse en provincias, y éstas a su vez podían organizarse en regiones autónomas. Se creaba la figura de la “región autónoma”, que se fundaría cuando varias provincias limítrofes decidiesen crearla. Se la dotaría de un “Estatuto”, a modo de “Constitución”, así como de un gobierno y parlamento propios. Se exigía una triple condición: propuesto por la mayoría de los ayuntamientos, aprobado en referéndum y aprobación por las Cortes de la República. Se prohibía la federación de las regiones autónomas. Para los casos de conflictos sobre competencias, se creó el tribunal de garantías constitucionales.
En estas condiciones solo se aprobó el Estatuto de Cataluña, aunque en el País Vasco se redactó un proyecto de Estatuto que fue rechazado por el Parlamento, si bien terminó siendo aprobado en octubre de 1936, en los inicios de la guerra civil. En Galicia, se llegó a celebrar un referéndum pero no llegó siquiera a ser debatido en las Cortes.
Más allá de la cuestión territorial, lo que causó que el Segundo proyecto Republicano tampoco llegase a cuajar fue, a mi modo de ver, la propia concepción de la República española, que muchos la entendieron como una sucursal del comunismo que ya empezaba a triunfar en Rusia y los países de su órbita. Y es que, el propio artículo 1 ya decía que “España es una República de trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. (…) La bandera de la República española es roja, amarilla y morada”. Todo ello, unido a los disturbios y al anticlericalismo reinante, fueron el caldo de cultivo para que se produjese el estallido de la Guerra civil y en comienzo del fin de la aventura republicana en España.

La España Post-Dictadura de Franco

La Transición española es el período de la historia contemporánea de España en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una Constitución que restauraba la España democrática. Dicha fase constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I.
En ese hecho reside una de las cuestiones más polémicas y que fundamentan muchas de las voces partidarias de una nueva República española: la monarquía española actual tiene su fundación en el Régimen Franquista, aunque, como sabemos, en nuestra Constitución y formas de gobierno, se han mantenido algunas de las características que se llevaron a cabo durante la II República: las Comunidades Autónomas, dotadas cada una de unos estatutos y con un gobierno y parlamento propio, dando paso a un Estado moderno, democrático, integrado en las Organizaciones internacionales más relevantes, con preeminencia en la Unión Europea y con una Sociedad madura y adaptada a su tiempo.

Sin embargo, en el primer decenio del presente siglo, entró en vigor una legislación, que con el loable fin de reconocer los efectos y daños creados por la fratricida guerra civil, así como con el no tan loable ánimo de borrar una parte de la historia española, legislación conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Amparándose en dicha ley, una parte del espectro político está pretendiendo revivir viejos fantasmas y sacar a colación rencillas y “facturas” que se dieron por zanjadas en el periodo de transición democrática. Esos mismos nostálgicos son los que en la actualidad propugnan y promueven la celebración de un referéndum para consultar al pueblo sobre la “legitimidad” del modelo de Estado actual y si lo que procede es la instauración de una República en España.
A todos no nos es extraño ni ajeno que, con el panorama político español actual, no es el momento más propicio para “abrir estos melones” por las consecuencias imprevisibles que tal medida pudiera llegar a causar. Y es que el ambiente que se respira en la actualidad, lejos de ser tranquilo, viene a rememorar olvidadas cuentas, con ánimos revanchistas y encarnizadas luchas sobre lo que fue y lo que pudo ser.
Llegados a este punto, considero conveniente que aquellos que defienden tales posturas deberían aclarar y explicar al pueblo cuáles son sus intenciones, cuáles son las consecuencias de tal cambio y que tipo de República sería la que se tendría que instaurar en España: si la Republica Socialista asimétrica anterior al enfrentamiento civil o una República moderna a imagen y semejanza de las que nos rodean. Y es que la cuestión no es baladí, ya que de elegir una u otra las consecuencias y el futuro sería muy distinto.

 Conclusión:

En mi opinión personal, y basándome en el Derecho comparado, en las posibles alternativas que pudieran ser elegidas y en la experiencia previa, instaurar una República en España no distaría mucho del modelo de Estado que tenemos en la actualidad, más allá de poder elegir la figura del Jefe del Estado cada “X” años. Y es que, mucho se habla de modelos federales, de asimetría y de los parabienes que tendría volver a ser una República en España. Sin embargo, el modelo de Estado actual no dista mucho de aquel que sería el elegido, por los siguientes motivos:
La República española sería una república similar a la República Italiana o a la República Federal Alemana, donde el Jefe de Estado no deja de ser una figura testimonial, figurativa y sin poder. Estaría muy lejos de ser una República presidencialista al estilo de los Estados Unidos o de la República Francesa.
La República española sería un Estado unitario, integral o centralista, con una descentralización administrativa muy similar o igual que la que tenemos en la actualidad, por muy federal o federativa que nos la quisieran vender. Y es que en la actualidad, el Estado español es uno de los Estados más descentralizados que existen en la actualidad. Algunas de las Comunidades Autónomas disfrutan de más competencias que los Landers alemanes o que las Regiones italianas.

El Estado Español es, de hecho, un Estado federal sin serlo. Y eso es así porque las regiones o Comunidades Autónomas no tienen la consideración de Estados federados pero se parecen mucho. Una de las características de los Estados federales es que se produce una unión de Estados que previamente han sido independientes y que esos Estados, una vez se produce la unión al Estado federal, ya forman un todo indisoluble y unitario.

Otra de las bondades del modelo republicano que se nos intenta vender es la “asimetría” entre las regiones o Estados federados. Si nos vamos a la actual Constitución española, ya nos está diseñando un modelo de Estado federal asimétrico (muy sui generis) cuando nos habla de “Nacionalidades y Regiones”. Y es que, en ese diseño inicial, con tal diferenciación se nos está plasmando en la norma fundamental la diferenciación entre los territorios que forman parte del Estado español. El problema, y de ahí vienen los problemas de secesionismos actuales, es que cuando se vino a desarrollar tal asimetría, y con el único fin de contentar al resto de las Regiones que no eran consideradas nacionalidades, se les dio la posibilidad de alcanzar el máximo techo competencial con aquello del “café para todos”. Tan inocente y tan desafortunada frase sirve de base para las demandas de mayor autogobierno de las Comunidades Autónomas más ávidas de protagonismo, de creerse más que los demás o de tener algún que otro “hecho diferencial” que las dote de un plus a la hora de ser y de pedir.
Por estos, y por otros motivos que por brevedad prefiero no entrar a valorar, es por lo que considero que no es el momento histórico adecuado para plantear tales aventuras y que es mejor dejar las cosas como están, emulando el dicho aquel de:  "Virgencita, que me quede como estoy".



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