LO QUE DEBERÍAMOS SABER TODOS LOS ESPAÑOLES
Estatuto de autonomía de
Cataluña de 1979
Las Cortes surgidas de las
primeras elecciones democráticas desde la Segunda República Española celebradas
el 15 de junio de 1977, aprobaron la nueva Constitución de 1978, la Asamblea de
Parlamentarios catalanes, integrada por todos los diputados y senadores
elegidos por las cuatro circunscripciones catalanas, designó una ponencia de
veinte de sus miembros para que redactaran el anteproyecto de Estatuto de
Autonomía. Estos se reunieron en el parador de Sau y el 29 de diciembre de 1978
presentaron el anteproyecto al plenario que lo aprobó con un único voto en
contra. El debate en las Cortes no se inició hasta después de las elecciones de
marzo de 1979, en las que la Unión de Centro Democrático (UCD), del presidente Adolfo
Suárez, ganó de nuevo en España y la izquierda en Cataluña. El recién fundado
Partit dels Socialistes de Catalunya, a partir del PSC-Congrés y de la
federación catalana del PSOE, consiguió 17 diputados; el PSUC 8 y Esquerra
Republicana de Cataluña, que ya se pudo presentar con sus siglas, 1, aunque UCD
pasó a ser la segunda fuerza política, con 12 diputados, por delante de los
ocho de la nueva coalición Convergència i Unió, formada el año anterior por
Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol y la histórica Unió
Democràtica de Catalunya.
El 20 de marzo de 1980 se
celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña. En ellas CiU fue
la fuerza política más votada (45 diputados), seguida por el PSC-PSOE (33
escaños), que hasta entonces había ganado todas las elecciones celebradas en
Cataluña. El líder de CiU Jordi Pujol ofreció al PSC formar un gobierno de
coalición pero los socialistas catalanes rechazaron la oferta, por lo que Pujol
formó un gobierno monocolor, y cedió a Heribert Barrera, líder de Esquerra
Republicana de Cataluña (quinta fuerza con 14 escaños) la presidencia del
Parlamento de Cataluña.
Y a partir de aquí comienza el
gran problema catalán con España, con La primera Ley de Normalización
Lingüística del 6 de abril de 1983, que contó con el apoyo unánime del
Parlament. Fue precedida por la polémica suscitada por un manifiesto hecho
público en marzo de 1981 titulado Por la igualdad de los derechos lingüísticos
en Cataluña, también conocido como Manifiesto de los 2.300. En él se denunciaba
la supuesta persecución del castellano por parte de la Generalitat, y fue
respondido por el manifiesto Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua,
la Cultura i la Nació Catalanes, del que surgió la plataforma Crida a la
Solidaritat que organizó la manifestación del 14 de marzo de 1982 en contra de
la LOAPA bajo el lema Som una nació ('Somos una nación'). La segunda fue
mucho más polémica. Se trató de la Ley de Política Lingüística del 7 de
enero de 1998 que fue duramente contestada por el gobierno de José María Aznar
y por los medios de comunicación afines con sede en Madrid, contrarios a la
inmersión lingüística de los niños en las escuelas y que denunciaban la
«persecución» del castellano en Cataluña. La respuesta fue la Declaración de
Barcelona firmada conjuntamente por CiU, PNV y BNG en la que se defendían los
«derechos nacionales» de Cataluña, País Vasco y Galicia.
Más polémica aún fue la
proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Cataluña con la oposición
del Partit dels Socialistes de Catalunya y la ausencia del PP el 12 de
diciembre de 1989, dos meses después de la caída del muro de Berlín, en la que
se decía unilateralmente «que la
aceptación del marco constitucional no implica la renuncia del pueblo catalán a
la autodeterminación».
Pero vayamos a meollo del
problema suscitado por la modificación del Estatuto de Cataluña en 2006 y la
concesión de la enseñanza del catalán en colegios, institutos y Universidades
catalanas; base para que la inmersión lingüística desde las fases primarias de
la enseñanza hasta las Universidades hayan dado lugar al sentimiento de
Cataluña como nación, con la connivencia de “todos” los gobiernos de España
hasta el momento, dando lugar a una situación insostenible y de difícil solución.
Aunque desde mi modesto
entender, el problema viene desde la propia concesión de Comunidad autónoma a lo
que habían sido regiones administrativas españolas.
El Estatuto de 2006 es conocido
informalmente como Estatuto de Miravet por haber sido en el municipio de
Miravet, en la Ribera de Ebro, donde se reunieron los parlamentarios catalanes
de todos los partidos para ponerlo en marcha en una fase inicial.
Incluye, entre otros aspectos,
el sistema institucional en que se organizaba la Generalidad de Cataluña, las
competencias que le correspondían y su tipología, derechos y deberes de los
ciudadanos, el régimen lingüístico, las relaciones institucionales de la Generalidad
y la financiación de la Generalidad. El poder legislativo lo encarnaba el
Parlamento de Cataluña, mientras que el ejecutivo lo encarnaba el Gobierno de
Cataluña. Ambos poderes seguían sujetos al Parlamento y al Gobierno de España
en los términos previstos en la legislación. El poder judicial lo encarnaba en
exclusiva el Consejo General del Poder Judicial, ya que la Administración de
Justicia era una competencia exclusiva de España.
En su preámbulo, (Redacción
final aprobada por las Cortes Generales en 2006), dice:
Cataluña ha ido
construyéndose a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas
generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una
tierra de acogida.
El pueblo de Cataluña ha
mantenido a lo largo de los siglos una vocación constante de autogobierno,
encarnada en instituciones propias como la Generalitat -que fue creada en 1359
en las Cortes de Cervera- y en un ordenamiento jurídico específico recogido,
entre otras recopilaciones de normas, en las «Constitucions i altres drets de
Catalunya». Después de 1714, han sido varios los intentos de recuperación de
las instituciones de autogobierno. En este itinerario histórico constituyen
hitos destacados, entre otros, la Mancomunidad de 1914, la recuperación de la
Generalitat con el Estatuto de 1932, su restablecimiento en 1977 y el Estatuto
de 1979, nacido con la democracia, la Constitución de 1978 y el Estado de las
autonomías.
La libertad colectiva de
Cataluña encuentra en las instituciones de la Generalitat el nexo con una
historia de afirmación y respeto de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas de la persona y de los pueblos; historia que los hombres y
mujeres de Cataluña quieren proseguir con el fin de hacer posible la
construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso,
solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa.
El pueblo catalán sigue
proclamando hoy como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la
justicia y la igualdad, y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de
progreso que asegure una calidad de vida digna para todos los que viven y
trabajan en Cataluña.
Los poderes públicos están al
servicio del interés general y de los derechos de la ciudadanía, con respeto al
principio de subsidiariedad.
Es por todo ello que,
siguiendo el espíritu del Preámbulo del Estatut de 1979, el presente Estatuto
asume que:
Cataluña es un país rico en territorios
y gentes, una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos y la
fortalece para los tiempos venideros.
Cataluña es una comunidad de
personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar
identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el
respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.
La aportación de todos los
ciudadanos y ciudadanas ha configurado una sociedad integradora, con el
esfuerzo como valor y con capacidad innovadora y emprendedora, valores que
siguen impulsando su progreso.
El autogobierno de Cataluña
se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del
pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen en este Estatuto al
reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desarrollar
su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la
diversidad de identidades de los pueblos de España.
La tradición cívica y
asociativa de Cataluña ha subrayado siempre la importancia de la lengua y la
cultura catalanas, de los derechos y de los deberes, del saber, de la
formación, de la cohesión social, del desarrollo sostenible y de la igualdad de
derechos, hoy, en especial, de la igualdad entre mujeres y hombres.
Cataluña, a través del
Estado, participa en la construcción del proyecto político de la Unión Europea,
cuyos valores y objetivos comparte.
Cataluña, desde su tradición
humanista, afirma su compromiso con todos los pueblos para construir un orden
mundial pacífico y justo.
Para quien esté interesado en una mayor información
sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, puede seguir el siguiente enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_2006
Según europapress/España, en
su informe del 06/10/2017 13:59:11, la diversidad de orígenes de la población
que vive en Cataluña, el comercio con otras regiones del país, los lazos del
sistema financiero con España o la manera en que funciona la financiación pública
son algunos ejemplos del intrincado sistema de relaciones que une Cataluña al
resto de España. Cataluña es una economía muy dependiente del sector exterior.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, señaló el 26/09/2017 00:15 horas que la independencia de Cataluña
sería "un suicidio", especialmente desde el punto de vista económico.
No es para menos, ya que la exportación es uno de los principales pilares de su
actividad y el mercado comunitario es su principal destino, que aglutina el 80%
de sus ventas al exterior. Y estas ventas, en una Cataluña independiente,
tendrían aranceles que las encarecerían hasta un 15%, según añadió De Guindos.
Raúl Jaime Maestre, @ruljaimemaestre
en su Blog Salmón escribe un artículo interesante
y clarificador sobre la situación de Cataluña si se llegase a independizar de
España:
La economía juega un papel clave
dentro del proceso independentista que quiere Cataluña. Las cifras y los
números son los principales argumentos del “Govern de la Generalitat” a la hora
de defender la separación de España.
En especial, los que evidencian
que Cataluña aporta a las arcas españolas más de lo que está recibiendo por el
reparto que se realiza entre todas las Comunidades Autónomas. En cambio, los
contrarios a la independencia de Cataluña también están recurriendo a las
cifras para tratar de contener “el procés”.
El resultado son 2 bandos
enfrentados que se acusan mutuamente de manipular las cifras y estableces
escenarios que no se van a producir. Según a quien se escuche, Cataluña será un
país próspero o caerá en la absoluta miseria, pero una cosa está clara que
España quedará gravemente herida por la separación de Cataluña.
Nos podemos preguntar: ¿Cómo va
a afectar económicamente la perdida de Cataluña para el resto de la comunidades
autónomas de España?
¿Cómo afectará a España que
una de las regiones más prosperas del conjunto de la comunidades se vaya?
Tras la grave crisis que se ha
extendido más de una década, España aún no se ha recuperado del todo. Alrededor
de 4 millones de personas todavía no tienen trabajo y más de la mitad están buscando
hace más de 1 año.
Si no se tienen en cuenta a los
ciudadanos catalanes, el número de personas en paro es de 3.416.900 de
personas. Una situación que se puede agravar si España pierde una de sus
regiones más ricas. Cataluña ha registrado en 2016 un PIB récord, con 223.629
millones de euros.
La independencia de Cataluña le
costaría al resto de comunidades autónomas de España el 19 por ciento del PIB y
el 18,4 por ciento de su tejido empresarial, aunque se puede reducir con el
cambio de sedes sociales de las empresas catalanas que se están produciendo
estas últimas semanas.
El resultado sería un España más
pobre, ya que el PIB per cápita disminuiría hasta los 23.250 euros. Cataluña
aporta alrededor de 70.300 millones de euros a las arcas españolas, la segunda
comunidad autónoma que aporta más después que la Comunidad de Madrid. Cataluña
contribuye mucho más en impuestos, 21 por ciento del total del país, de lo que
recibe a su vez del gobierno.
De estos, el gobierno central de
España se queda con 11.500 millones de euros que utiliza para ayudar a áreas
más desfavorecidas de España como serían Extremadura, Andalucía o las ciudades
de Ceuta y Melilla. Lo que se entiendo un reparto solidario de la recaudación,
pero el Govern de la Generalitat no lo ve así.
Los partidarios de la
independencia han aprovechado el desequilibrio, argumentando que la suspensión
de las transferencias a Madrid convertiría el déficit presupuestario de
Cataluña en un superávit.
Según el Fondo Monetario
Internacional (FMI) se muestra preocupado por la situación, ya que considera
que las perspectivas actuales para España son buenas, pero si se prolongan las
tensiones políticas en Cataluña podría afectar a la confianza de la inversión y
el consumo.
¿Cómo afectará a la
innovación y al emprendimiento de España que Cataluña se vaya?
Cataluña es una de las regiones
que más invierten en I+D y ha desarrollado industrias pioneras dentro del
conjunto del estado español. De las 108.963 publicaciones científica producidas
por universidades españolas en la última década, un 25,68 por ciento han sido
de científicos catalanes.
La siguiente comunidad es la
Comunidad de Madrid, con casi 6 puntos porcentuales menos, es decir, 19,91 por
ciento. Además la ciudad de Barcelona ocupa el quinto lugar en Europa en
creación de startups, una posición por delante de Madrid.
Durante el 2016, las empresas de
Barcelona captaron 282 millones de euros, lo que representa el 56 por ciento
del total de las inversiones realizadas en el conjunto de ciudades de España.
También Cataluña lidera las peticiones de peticiones de patentes de España, en
2016, el 35,1 por ciento de las 547 patentes que se solicitaron en España. Esta
cantidad está muy por delante del20,6 por ciento de Madrid, que ocupa el
segundo puesto de solicitud de patentes.
¿Cómo afectará a España la pérdida
de las infraestructuras catalanas?
Con la independencia de
Cataluña, España perdería el puerto más importante que tiene en el
Mediterráneo, el puerto de Barcelona. Este puerto tiene 22 kilómetros de
muelles y amarres, y el año pasado tuvo un tráfico superior a las 48 millones
de toneladas.
El puerto de Barcelona es clave
para el turismo, ya que casi 4 millones de pasajeros pasaron por allí durante
el 2016. Además, cruceros como el Harmony of the Seas, el más grande del mundo,
tiene de base el puerto de Barcelona.
Otro puerto relevante ubicado en
Cataluña es el puerto de la ciudad de Tarragona, donde también se encuentra la
mayor red de la industria química de España.
En Cataluña, operan varios
aeropuertos importantes, entre ellos el aeropuerto de 'El Prat', que rivaliza
en número de pasajeros con el aeropuerto de Madrid 'Aldofo Suárez-Barajas'. En
el 2016 vivió el mejor registro de su historia, con 44,1 millones de viajeros.
La región también acoge a 2 de
las 6 centrales nucleares que todavía están activas en España y que producen el
40 por ciento de la energía nuclear de consumo. A esto se le puede añadir la
red ferroviaria que conecta las ciudades más importante del mediterráneo con
las francesas e italianas, tanto de mercancías como de pasajeros.
¿Cómo afectará a España la
salida de Cataluña en materia de deuda externa y activos?
Uno de los más espinosos de este
proceso es el de la deuda externa que tendría la República Catalana. Cataluña
tendría que asumir la deuda que se encuentra a nombre de la Generalitat de
Catalunya, los gobiernos provinciales y los municipios.
Esta cantidad asciende hasta los
90.000 millones de euros, que equivale al 35,4 por ciento de su PIB. De esta
cantidad, 61.000 millones de euros corresponden a compromisos con el gobierno
español.
La deuda a nombre de España se
utiliza para el pago de gastos e inversiones en beneficio de todas las
regiones, incluida Cataluña, por lo que se insiste en que Cataluña se deberá
hacerse responsable de la parte que le corresponde.
El peso de la economía catalana
en la deuda del conjunto de España se estima en 180.000 millones de euros.
Además se debe sumar el valor de los activos que el estado español tiene en
Cataluña, que se estiman en 50.000 millones de euros.
La deuda total de la República
Catalana, según estimaciones, sería de alrededor de 290.000 millones de euros, lo
que supone el 145 por ciento de su PIB actual. Organismos como en 'CATN' niegan
que Cataluña deba aceptar las deudas contraídas para inversiones y obras
realizadas fuera de Cataluña.
Pero si que aconseja el 'CATN'
negociar aquella deuda que no se pueda atribuir a una comunidad autónoma en
concreto, siempre que estado español transfiera a la República Catalana parte
de los activos que fueron comprados con ese dinero.
Es decir, si España se endeudó
para crear una empresa pública que funciona a nivel de toda España, Cataluña
deberá asumir parte de la deuda siempre que reciba las acciones
correspondientes a esa empresa.
Como las posibilidades de
negociación parecen ser pocas, en este momento, en caso de la independencia, lo
más probable es que España tenga que pagar el total de las deudas mientras
entra en conflicto con la República Catalana en los tribunales internacionales.
Cataluña espera que España debe
repartirle de manera equitativa los bienes públicos que se encuentras fuera del
país como serían las embajadas, las plataformas de petróleo, las bases
militares, las cuentas corrientes en bancos extranjeros, los satélites
espaciales...
¿Cómo afectará a España la
pérdida de patrimonio cultural y turístico catalán?
España nadie puede dudar que en
la actualidad es una potencia turística. Durante el 2016 batió el récord con
75,3 millones de turistas extranjeros, casi un 10 por ciento que el año
anterior. Pero casi la cuarta parte, el 22,5 por ciento, los turistas venían a
una ciudad catalana.
Cataluña en 2016 recibió a 17
millones de viajeros procedentes de las fronteras españolas. Alrededor de 4
millones menos que la comunidad autónoma que ocupó el segundo lugar de
procedencia de turistas, las islas Baleares.
Las costas, la facilidad de
viaje en tren o autobús, esquiar las montañas de los Pirineos y la oferta
cultural ofrecen a los turistas una gran riqueza en patrimonio cultural. Además
de las obras de los arquitectos Antoni Gaudí: Parque Güell, la Sagrada Familia
y la Casa Milà i Fontanals.
No solo estas obras quedarían
fuera de España, sino que el Govern de la Generalitat también podría pedir la
devolución de los archivos, bienes culturales y patrimonio nacional que hagan
referencia Cataluña o cuyo autor haya sido de procedencia catalana. Esto puede
significar que obras de Salvador Dalí o Joan Miró que la actualidad están en
museos de España deberían regresar a Cataluña.
Durante los últimos años, los
políticos nacionalistas catalanes se han afanado en defender que Cataluña podía
ser un país independiente porque sus exportaciones no dependen tanto del resto
de España como lo hacían unos años atrás. Sin embargo, las cifras son todavía
tozudas y demuestran que la región está mucha más vinculada a pequeñas regiones
españolas que a grandes áreas del exterior. Por ejemplo, Cataluña vende más
productos a Aragón (1,3 millones de habitantes) que a Francia (66,9 millones) o
Alemania (82,7 millones) y que exporta tanto a Estados Unidos como a Cantabria,
pese a que el PIB de la primera potencia mundial es 1.300 veces mayor que el de
la región septentrional, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de
Economía y Ceprede.
Es cierto que las exportaciones
de Cataluña se han intensificado durante la última década (como, por otra
parte, sucede en todas las regiones españolas, que han alcanzado el récord
histórico de comercio exterior), compensando un frenazo de las compras por
parte de otras comunidades autónomas. No obstante, el grueso de los mercados
abiertos se encuentran dentro de la Unión Europea y no fuera de sus fronteras.
Por eso, esta lógica independentista olvida que una secesión al margen de la
Constitución y la Ley españolas no sólo le cerraría el acceso al mercado
nacional, sino también la entrada preferente al comunitario, al quedar fuera de
la Unión Europea. Y diecisiete de los veinte principales socios comerciales
catalanes se encuentran dentro del mercado común.
En concreto, Aragón lidera el
ránking de destino de los productos catalanes, con ventas por valor de 10.781,9
millones de euros al año, seguido de Francia (10.460,4 millones de euros),
Alemania (7.736,3 millones), Italia (5.932,3 millones) y Comunidad Valenciana
(4.993,9 millones). Completan el top ten Portugal, la Comunidad de Madrid,
Reino Unido, Andalucía y Baleares. Estas cifras ponen de manifiesto dos hechos.
Por un lado, la extrema ligazón a las comunidades autónomas españolas, muy
superior a la que Cataluña experimenta con los grandes países europeos. De
hecho, estas cinco regiones, que suman 22 millones de habitantes, tienen un
peso casi tan gran grande la facturación de las empresas catalanas como los
otros cinco países, poblados por 286 millones de ciudadanos (trece veces más).
Por otro, que la dependencia del mercado comunitario sigue siendo enorme, dado
que estas diez áreas, suman el 55% de las exportaciones catalanas y una cuarta
parte del PIB de la región.
Suiza y Estados Unidos
Hace falta descender hasta el
decimotercer y el decimocuarto puestos para encontrar dos países fuera de la
Unión Europea en el ránking de exportaciones catalanas: Suiza y Estados Unidos.
Sin embargo, aquí hay que introducir una salvedad: la presencia de importantes
acuerdos comerciales en ambos casos. Así, Suiza es miembro de la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), sujeto a más de 120
acuerdos bilaterales elaborados a lo largo de las últimas cuatro décadas,
mientras que Estados Unidos está negociado el Tratado Transatlántico de Comercio
e Inversiones (TTIP) con la UE. Las dificultades para sacar adelante este
acuerdo auguran una difícil negociación para Cataluña. Con todo, la
preponderancia de EEUU en la balanza exterior catalana es muy pequeña,
comparada con su peso en la economía mundial. De hecho, las ventas a la primera
potencia mundial quedan al mismo nivel que las ventas a Cantabria o País Vasco
y quedan por debajo de las que se dirigen a Castilla-La Mancha o las Islas
Baleares. Así, las ventas de Cataluña a Estados Unidos apenas suponen el 3,3%
de sus exportaciones, por un 4,4% en el caso del conjunto del país, lo que
muestra que esta relación tampoco está demasiado bien imbricada.
Según Pablo M. Beleña, de Economía/Diariocrítico,
ante la pregunta económica del momento:
¿y qué haría España sin Cataluña?, nos
dice: Ninguna de las dos partes saldría ganando, sino que se empobrecerían
notablemente.
Los debates independentistas en
los últimos años se han acrecentado y tomado una nueva perspectiva, dejando la
utopía y caminando hacia el realismo político. Otra cosa es lo que sería una
Cataluña independiente en el campo económico, sobre todo por lo que perdería
España como Estado.
Cuando se inició el debate
soberanista ya se analizó y desde Diariocrítico ofrecimos un estudio cuyas
conclusiones llegaban a que Cataluña sí tendría potencial de sobra para ser
independiente también en lo puramente económico. Aunque no en estos tiempos de
crisis, ya que tendría imposible financiarse en los mercados y no podría
afrontar el pago de su deuda -considerada prácticamente como bonos basura-, con
lo que también le condena a no pensar en separarse de España en algunas
décadas, al menos hasta que arregle sus cuentas internas.
Por otra parte, en caso de una
división del territorio, Cataluña tendría que asumir también proporcionalmente
la deuda del Estado, no la deuda catalana, por lo que quedaría casi con unos
200.000 millones de euros de deuda en total.
Cataluña tiene aproximadamente
un PIB de 210.000 millones de euros, con 32.000 kilómetros cuadrados y algo más
de 7 millones de habitantes. Dinamarca, por ejemplo, tiene 43.000 kilómetros
cuadrados, una población de 5,5 millones y un PIB de 206.000 millones de euros.
Es decir, casi lo mismo con menos población y menos territorio productivo. Dicho
de otra manera, la economía catalana es fuerte, pero no estaría en una primera
línea de los países más ricos de Europa.
En todo caso, la pregunta que
ahora nos hacemos es justo la contraria: ¿podría España mantener su nivel
económico sin Cataluña? Bien, vayamos por partes. Como es sabido, el Producto
Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja la producción total
de bienes y servicios asociada a un país durante un determinado periodo de
tiempo. En 2009, antes de que la crisis presentara su peor cara, España era la
quinta economía europea, con un PIB de 1.050.000 millones de euros. Le
superaban Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, por ese orden.
Pero la crisis que tanto ha
golpeado a nuestro país ha hecho que el PIB se contrajera sin freno, llegando
hasta los 1.049.525 millones de 2012, el último contabilizado. En 2013, como es
sabido, seguirá la recesión, por lo que la cifra bajaría del billón, una cifra
simbólica que golpeará la moral de España, por mucho que se espere un crecimiento
en 2014.
El caso es que España no sólo
perdería los 200.000 millones del PIB catalán, sino también todo el
enriquecimiento generalizado como país que genera la actividad económica
catalana. Ya sólo perder Cataluña sería como perder el 20% del PIB, lo que
supondría una contracción inasumible, pero también se iría incrementando con el
paso del tiempo, al perder los lazos económicos, por mucho que se mantenga una
buena relación de intercambio comercial.
Además, las grandes firmas
catalanas en el sector financiero o energético, tales como La Caixa, Catalunya
Banc, Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa; del sector de la construcción, Abertis;
compañías alimenticias: Nutrexpa, Gallina Blanca, Cacaolat, Damm, San Miguel...;
firmas de moda, Mango; o editoriales, Salvat, Grijalbo, Ediciones B, Planeta...,
tendrían que decir algo.
De hecho, algunas ya se han
pronunciado, como Planeta o Mango. Muchas de ellas dejarían de obtener
contratos públicos con el Estado español, por no hablar de los particulares,
que abandonarían por desafecto estas relaciones comerciales, además de perder mercado:
de vender sus productos con seguridad comercial a una población de 50 millones
de habitantes, ahora lo harían para una de 7 millones -la catalana-, y todo lo
demás sería conseguirlo ya en un mercado exterior, el español. Y no hay que
olvidar que la Unión Europea sería un campo de minas para Cataluña: todo lo que
no fuera entrar en ella sería una desgracia para la hipotética nueva nación
catalana.
Pero todos estos puntos
negativos para las compañías catalanas también tendrían un efecto negativo en
España: estas empresas son tejido industrial español que dejaría de enriquecer
a las cuentas públicas, así como dejar de aportar impuestos para el sistema
fiscal. Los empleos que podrían perderse serían otro punto a tener en cuenta,
igualmente desastroso. La conclusión es clara: la independencia catalana no
convendría a ninguna de las dos partes, pero, claro, la política es otra cosa,
tantas veces peleada con la parte racional que aporta la economía. "Es
la economía, estúpida", que dirían en Estados Unidos.
Difícil encaje de bolillos
tienen que hacer nuestros políticos para normalizar la situación, pero, desde luego,
no pasa por considerar a España como una nación plurinacional ni un estado
federal, sino por la recentralización de todos los poderes, de nuevo, en el
gobierno central, y la desaparición de las Autonomías, a pesar de que muchas
personas no estén de acuerdo, generando controversias.